OJALÁ ALGÚN DÍA – DANIEL MATAMALA
Este miércoles, tras presentar el
proyecto de reforma tributaria, el ministro de Hacienda lanzó una de las frases
más extraordinarias que haya dicho una alta autoridad de gobierno en Chile.
“La mejor política social, y ojalá algún
día sea la única, es el pleno empleo”, dijo Jorge Quiroz.
No fue un lapsus, como acostumbran otras
autoridades. La de Quiroz fue una definición de principios, dicha con énfasis y
seguridad, al presentar una reforma que, según reconoce el informe financiero
del proyecto, desfinancia al Estado por los próximos años.
Es tan extraordinaria porque rompe con
un consenso que hemos tenido en las últimas cuatro décadas en Chile, y que
comparten todas las democracias avanzadas del mundo: que parte del contrato
social es la ejecución de una serie de políticas en beneficio de la población.
Hay un interminable debate, por cierto,
sobre los contornos de esas políticas sociales. ¿Qué bienes deben ser provistos
por el Estado, y cuáles en cambio pueden quedar en manos de privados? ¿Qué tan
focalizada -o qué tan universal- debe ser esa red de protección? ¿Qué fracción
del PIB de cada país debe invertirse en esas políticas?
Pero lo que no se discute (no se
discutía, habrá que decir desde ahora) es que hay políticas sociales, aparte
del empleo, que son un fin hacia el que queremos avanzar en nuestra sociedad.
Porque si tuviéramos pleno empleo (una
meta relevante y deseable, por supuesto), aún necesitaríamos educación gratuita
de calidad, para que los niños cuyos padres no pueden pagar un colegio no se
queden atrás. Aún necesitaríamos salud pública, para que el derecho a la vida y
al bienestar físico sea una garantía para todos y no solo un privilegio de
algunos. Aún querríamos entregar seguridad a cargo de entidades públicas como
Carabineros, pensiones dignas para todos, cuidados a la primera infancia, leyes
laborales justas, transporte público de buen nivel, etcétera, etcétera.
Y no nos parece (o tal vez debemos decir
“no nos parecía”) que una sociedad en que cada uno tuviera que rascarse por sus
propias uñas, en que no hubiera protección ante la enfermedad, la miseria o la
vejez, y en que la única garantía fuera tener empleo, era una utopía hacia la
cual apuntar nuestros esfuerzos.
“Ojalá algún día sea la única”.
Pronto nos enteramos de que esta no era
solo una declaración. Que había un plan en marcha.
Hacienda emitió oficios a todos los
ministerios en que los insta a “descontinuar” 142 programas sociales y rebajar
el presupuesto a otros 260, en un recorte que suma, vaya casualidad, 6 mil
millones de dólares. Al fin aparece la cifra mágica de ahorro que el presidente
Kast prometió en campaña.
Claro que entonces aseguró que se
lograría sin tocar ningún beneficio social. Esa fue la promesa, repetida una y
otra vez por el candidato, cuando todos los economistas serios, de todos los
sectores políticos, advertían que cuadrar ese círculo era imposible.
Ahora, gracias al oficio de Hacienda,
sabemos lo que significa cortar 6 mil millones de dólares.
Significa eliminar el Programa de
Alimentación Escolar, que da de comer a cerca de 2 millones de niños y
adolescentes chilenos de sectores vulnerables y comunas rurales, para muchos de
los cuales es su ración alimenticia más importante del día.
También en Educación, significa suprimir
planes como el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, la Beca de Apoyo Vocación
Profesor, el Programa Nacional de Lectura y el de Reinserción Escolar, entre
otros.
No “mejorar”. No “reformar”. No
“modificar”. No: “descontinuar”.
La lista es asombrosa. En Salud, se
plantea descontinuar 23 programas, entre ellos el fondo de farmacia, el de
cuidados paliativos universales, la atención en salud para niños y adolescentes
con vulneración de derechos, el control Niño y Niña Sano en colegios, la
hospitalización domiciliaria, y el Programa Nacional de Prevención del
Suicidio.
Es una razzia contra los programas
preventivos y de atención primaria, precisamente los que todos los
especialistas señalan que representan un ahorro, al prevenir o atacar
tempranamente enfermedades que luego serían de alto costo.
Podríamos seguir por páginas y páginas.
En Seguridad, se acaba el Plan Calles sin Violencia; en Justicia, el Plan de
Derechos Humanos; en Interior, el Fono Drogas y Alcohol…
La lista es tan amplia e indiscriminada,
que generó conmoción política, oficialismo incluido. Algunos, como Evelyn
Matthei, Jaime Mañalich y varios parlamentarios de gobierno, se han animado a
hacer público su estupor.
En control de daños, el ministro Quiroz
dijo que este oficio es sólo “una orientación”, y que “aquí no hay ninguna
decisión de descontinuar ni de terminar ningún programa. Es un oficio, todavía
no está el decreto en este gasto”.
“Todavía”.
“Ojalá algún día”.
Confío en que es impensable que se
concrete este desguace de nuestra modesta red de protección social, que tendría
efectos directos en la alimentación, la salud y el bienestar de millones de
chilenos. Confío en que lo que hemos avanzado por décadas gracias a las
verdaderas políticas de Estado pro-vida de nuestros niños (nutrición infantil,
medicina preventiva, acompañamiento en salud), no se tirará a la basura.
Pero tampoco pensé que fuera posible que
una intención como esta se declarara. Y ahí está, en un documento oficial, con
firma y timbre del ministerio de Hacienda.
Y, aunque nos quieran hacer gaslighting,
el oficio es claro. No pide mejorar, reformar o evaluar estos 142 planes.
Sugiere “descontinuarlos”, y la cifra de 6 mil millones de dólares se alcanza
con su eliminación, no con su mejora: se logra llevando la inversión en esas
materias a $0.
Así se llega a esos 6 mil millones que
se prometió que se alcanzarían por arte de magia, cortando solo grasa,
apitutados y “parásitos” (a todo esto, el autor de esa frase ya aseguró sueldo
fiscal por $8,9 millones mensuales).
Esto es lo que realmente cuesta cortar 6
mil millones de dólares.
¿Es eso lo que queremos (ojalá, algún
día) para Chile?
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